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Diputados morenistas aprobaron en el Congreso de Tabasco una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo estatal que incluye penas de 10 a 20 años de prisión a quienes realicen manifestaciones con marchas y bloqueos en carreteras o impidan la ejecución de obras públicas o privadas, a cuya medida calificó la oposición como Ley del Garrote.
Fue la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso del estado, con tres votos a favor y uno en contra, la que avaló modificar los artículos 299; 306; 307 y 308, adicionando el artículo 196 Bis; y del artículo 308 Bis, del Código Penal de Tabasco.
La legisladora del PRI Ingrid Rosas Pantoja, se opuso a la iniciativa por considerar lo elevado de las penas, y acusó que se pretende utilizar como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación
Tras manifestar su voto en contra, argumentó que quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho, o exigir un servicio creando una Ley anti marchas.
La iniciativa también contempla a quienes sean servidores públicos y cometan estos delitos, el de manifestarse, serían inhabilitados de cinco a 10 años.
La Ley se aplicaría quienes obstruyan vías de comunicación, porque muchas veces se van a realizar obra pública, y entonces tratan de tapar vías de comunicación.
La iniciativa todavía pasará al pleno del Congreso del Estado, pero se considera como un hecho su aprobación.
(Información retomada de La Jornada)
