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Ciudad de México.- La organización Artículo 19 volvió a alertar sobre estigmatización del trabajo periodístico, incluso desde la tribuna presidencial.
Combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas, garantizar el acceso a la información y eliminar el uso del lenguaje estigmatizante contra la prensa, propuso Artículo 19 en su informe Disonancia: voces en disputa.
Expuso que se trata de acciones que las autoridades de los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión deben llevar a cabo, a fin de generar una política de Estado que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
Otros de los temas que esta agenda debe contener son: garantizar la existencia de una política de protección integral para periodistas; promover el desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación; combatir la desinformación y reconocer la importancia de las mujeres en el espacio cívico.
Ana Cristina Ruelas, directora regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, recordó que con la llegada del nuevo gobierno hubo un momento de armonía, con acciones que daban un mensaje positivo.
Conforme transcurrió el 2019 la violencia contra periodistas y medios de comunicación no cesó, por el contrario, mantuvo el crecimiento constante que se observó desde hace doce años. Además, se vivieron nuevas amenazas a través de la estigmatización al trabajo periodístico impulsadas desde la tribuna presidencial.
La presentación del informe, difundida a través de las redes sociales de ARTICLE 19, contó con los testimonios en video de Jorge Sánchez, periodista e hijo de Moisés Sánchez, periodista desaparecido y asesinado en Veracruz, así como de Alicia de los Ríos Merino, integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua.
Jorge Sánchez sentenció que la negligencia no tiene partido, y que la impunidad es la constante en la lista de periodistas asesinados.
Alicia de los Ríos Merino dijo que, quienes formamos parte de comunidades con víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada en el pasado reciente, tenemos claro que la impunidad que ha cobijado a las autoridades responsables de la política estatal contrainsurgente y a sus agentes, ha sido una de las causas principales para que continúe perpetrándose tanto por autoridades como por individuos particulares. Por eso, demandó el cese de la censura y restricciones a la información.