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A fin de terminar con la pesca ilegal en México, la senadora panista María Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó un proyecto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Propongo, dijo, modificar este instrumento legal para establecer el contenido, coordinación, alcances, apoyo, evaluación y actualización del programa integral de inspección y vigilancia para el combate a la pesca furtiva.
Señaló que el Gobierno Federal debe poner en marcha una política de Estado para incentivar el desarrollo de este sector. Llamo a proveer un mecanismo para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de conservación.
Con esta iniciativa legislativa, abundó, pretendemos establecer condiciones jurídicas y programáticas para fortalecer el trabajo coordinado de la Comisión Nacional de Pesca Conapesca, con la Secretaría de Marina. Que gobiernos estatales, municipales y la sociedad participen en la lucha a este flagelo, subrayó.
Queremos, dijo, que esta propuesta sirva de base para que desde el Senado encontremos la fórmula legal adecuada para contribuir a solucionar este gran problema.
Gran parte de la sobreexplotación de los recursos pesqueros tiene su origen en la pesca ilegal, la cual, dijo, constituye un grave problema económico y ambiental.
Hoy, dijo, México vive una triste realidad, no obstante que tenemos condiciones privilegiadas en materia pesquera, más de 11,000 kilómetros de litorales. Producimos la cuarta parte del volumen que Chile produce por kilómetro de playa y la décima parte que realiza Perú.
La legisladora panista indicó que la pesca ilegal es producto de años de ausencia de una política nacional pesquera y acuícola sólida. El sector pesquero nos exige para que, desde este Poder Legislativo conjuntamente con autoridades lo frenemos ya.
Señaló que el Estado Mexicano ha abandonado a este sector. Dejó su función en aras de una supuesta austeridad mal aplicada.
Saldaña Cisneros aseveró que el sector pesquero organizado ha hecho fuertes reclamos ante la disminución presupuestal a programas de inspección y vigilancia. Esperaban que el nuevo gobierno cumpliera sus compromisos y no lo ha hecho.
Al contrario, abundó, le dio un golpe duro quitándole los recursos que de por sí eran escasos.
